Punto de Inflexión

El día de hoy aparece en El Universal una nota de Carlos Avilés, en la que se indica que el Supremo Tribunal de Chihuahua condenó a Banamex a pagar a un cliente una suma equivalente a $1,462,931,495.00 pesos mexicanos, más los intereses que se generen hasta la fecha en que dicha cantidad sea cubierta. Lo anterior por concepto de un contrato de inversión celebrado en 1987, año en que las tasas de interés eran muy elevadas. De acuerdo con la nota, ese monto es muy similar al que ese mismo banco pagó por Aeroméxico.

Como era de esperarse, al requerir la suma mencionada, el banco se negó a pagarla, aún cuando así estaba establecido en el contrato. Esto obligó al cliente a acudir a los tribunales, demandando a la institución de crédito por el pago de dicha cantidad. Como ya se comentó, el resultado de ese juicio fue favorable al cliente; sin embargo, no todo está dicho aún, pues Banamex impugnó por la vía del juicio de amparo la resolución del tribunal chihuahuense.

Todo quedará ahora en manos de la Justicia Federal, y concretamente, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que atrajo el caso por la relevancia que el asunto tiene en la vida nacional, ya que supuestamente hay otros 150 asuntos similares pendientes de resolverse (y haciendo cálculos, estaríamos hablando de montos que pondrían en peligro al sistema financiero).

Mi pronóstico es que al final, la Corte decidirá con base a los números y no conforme a Derecho, “dándole palo” al cliente, o reduciéndole el monto a que tiene derecho, así nada más, de un plumazo e inventando alguna argucia metafísica, tal y como lo ha venido haciendo con los amparos contra leyes en materia fiscal, o como lo hizo en el tema de los fondos de vivienda no utilizados por los derechohabientes retirados, en donde a pesar de asistirle la razón, el derecho y la justicia a los quejosos, nuestro Supremo Tribunal, contra toda lógica, negó el amparo.

El sector asegurador no escapa de estos vicios, al grado que la principal incumplidora (ING) ha recurrido a anuncios espectaculares para intentar lavar sus culpas y su imagen. Y claro, en un país en el que ni el presidente lee, pocos se enteraron del caso de Fertinales en contra de ING (asunto que aún está en trámite), en que tras el paso del huracán Wilma la empresa de fertilizantes quiso hacer valer el seguro, pero a varios años de ello, el asunto no está del todo resuelto en los tribunales. Ahora viene una prueba de fuego para este ramo empresarial, pues pronto empezaremos a ver el relajito que se armará por las inundaciones en Tabasco y Chiapas.

Nuestro sector financiero es muy bueno para cobrar, pero ¡ah, cómo le buscan pretextos cuando se trata de pagar!

Lo peor de todo es que sorprendentemente, han logrado salir airosos e incumplir impunemente muchos de sus compromisos. Y es que al parecer, los Ministros de la Corte, creen ahora que son también Ministros de Hacienda o Economía, o algo así. No es raro hoy en día que ante la carencia de argumentos jurídicos para sostener la constitucionalidad de diversas leyes fiscales, los secretarios de hacienda y crédito público acudan personalmente a visitar a los ministros, para exponerles las “catastróficas consecuencias económicas” de un fallo a favor de los gobernados… en la jerga de los tribunales, a eso se le llama “litigar con números”.

Me parece lamentable que esto suceda. Comprendo que algunas de estas deudas serían impagables, o que la declaración de inconstitucionalidad de una determinada disposición fiscal podría causar un boquete al erario federal, pero entonces ¿dónde queda la justicia? ¿qué es del estado de derecho? ¿qué pasará con las garantías de seguridad jurídica de los mexicanos? De todos modos, si esas son las consecuencias, ¿para qué se envían al Congreso iniciativas de ley que a todas luces son inconstitucionales? En el fondo, la culpa es de la propia autoridad, que ha apostado a la apatía y sopor de los mexicanos, que últimamente hemos dado leves sorpresas en sentido contrario.

Y es que aunque a algunos les parezca una exageración, ante este escenario en que a los bancos y aseguradoras se les permite todo (hasta violar la ley y no cumplir sus obligaciones, incluso las adquiridas mediante contratos), cualquiera en su sano juicio lo pensaría antes de contratar un plan de inversión a larguísimo plazo, o un plan privado de pensiones, pues así las cosas, hay un alto riesgo de perderlo todo, o de no poderlo cobrar sino mediante un largo y costoso juicio.

Es hora de poner las cosas en orden. El cumplimiento de la ley deberá ser igual para todos. O se hace pagar a banqueros y aseguradoras, lo mismo que a los barzonistas y contribuyentes morosos, o nos olvidamos de una buena vez de las leyes, desaparecemos el buró de crédito, instauramos la ley de la selva y seguimos la fiesta del caos.